Enrique Gorriarán Merlo
fue uno de los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)durante el
proceso de lucha que se vivió en Argentina en los años 70. Ante la muerte en
combate del jefe máximo del ERP, Santucho, y el profundo y peligroso debilitamiento
de la organización, tuvo que exiliarse a Nicaragua a final de los años setenta.
Allí luchó junto al ejército sandinista por la liberación de Nicaragua y participó
en los ochenta en el ajusticiamiento del sangriento ex-dictador nicaragüense
Anastasio Somoza. Además en 1989 participó en el asalto al cuartel militar de
La Tablada para fustrar un golpe de estado que el ejército estaba gestando.
Fue detenido en México por los servicios secretos argentinos y condenado a cadena
perpetua por los hechos de La Tablada.
Indice
DEL 28 DE JUNIO DE 1966 AL 25 DE MAYO DE 1973
DEL 25 DE MAYO DE 1973 AL 24 DE MARZO DE 1976
DESDE EL 24 DE MARZO 1976 AL 10 DE DICIEMBRE DE 1983
DEL 28 DE JUNIO DE 1966 AL 25 DE MAYO DE 19735
Cuando aún gobernaba el presidente Illia, Onganía ya resaltaba la teoría
de las "fronteras ideológicas", que consideraba al enemigo interno como
eje de la hipótesis de conflicto de las FF.AA.. Enemigo interno era, para
Onganía, todo aquel que se propusiera impulsar cambios, al que sindicaba
como "comunista". Apenas concretado el golpe contra Illia y la democracia,
aquella concepción expresada por Onganía y que no era otra que la "Doctrina
de Seguridad Nacional" que asoló a América Latina toda, comenzó a aplicarse.
La prohibición de los partidos políticos y las intervenciones a
sindicatos y universidades fueron su acto primero. En seguida la represión
a las universidades, en lo que es conocido como la noche de "los bastones
largos", y que consistió en apalear profesores y alumnos que planteaban
la autonomía. Por esa reivindicación la dictadura los acusaba
de querer crear "soviets" y, al igual que los señores fiscales
en su acusación a la que me estoy refiriendo, de ser "subversivos". Esta acción
de los golpistas, dio inicio a un proceso ininterrumpido hasta 1983, y
aún hoy irresuelto: el éxodo de catedráticos y científicos. Y el hecho es de
vital significación histórica,ya que su perduración en el tiempo se convirtió
en la causa principal del progresivo retroceso de Argentina en cuanto
a desarrollo cultural, científico y técnico. En el mismo año de su instalación
la dictadura cobró su primer víctima mortal. Santiago Pampillón
fue asesinado a balazos mientras participaba de una marcha pacífica de
protesta estudiantil en Córdoba. Le siguió Hilda Guerrero de Molina que
reclamaba, también pacíficamente y entre miles de personas, contra
la desocupación que generaba el cierre de ingenios en Tucumán. Entre otros,
los estudiantes Juan José Cabral en Corrientes, Adolfo Bello en
Rosario y el metalúrgico Norberto Blanco también en Rosario, fueron engrosando
la lista de asesinados. El gobierno militar avanzaba en su proyecto
de entrega económica firmando convenios como el que obligaba, por
ejemplo, a YPF, todavía en nuestras manos, a pagar compensaciones a empresas
extranjeras por los contratos que había anulado Illia; con el argumento
del déficit se planteó el achicamiento del Estado dejando en la calle
a miles de empleados públicos; reformó la "ley de inversiones extranjeras"
en favor de las multinacionales; y bajo la dirección de Krieger
Vassena, ex funcionario de Aramburu y hombre de confianza del FMI, buscaba,
con su apoyo, dar pasos en pro de una mayor concentración de la
riqueza. Para ello utilizaba la única alternativa viable: reprimía con
palos y muerte cualquier expresión opositora; que al ser mayoritaria no
hubiese permitido democráticamente la consumación de esos objetivos económicos.
Esa era la realidad cuando, desde el lado popular, comenzaron a surgir
las primeras instancias de organización para resistir. En medio de huelgas
gremiales y ante la traición de los sectores pro militares de la
dirigencia sindical -llamados colaboracionistas en aquellos años- se conformó
la CGT de los Argentinos. A ésta la impulsaron verdaderos representantes
de los trabajadores como Raimundo Ongaro o Agustín Tosco, o el desaparecido
dirigente de Farmacia Jorge Di Pasquale. Y ella se transformó en el punto
de referencia y reunión de estudiantes, profesionales, artistas y todo
opositor con disposición a luchar contra las autoridades de uniforme.
Su periódico, dirigido por el revolucionario desaparecido Rodolfo Walsh,
pasó a ser el vocero público y el articulador unitario de los planteos
antidictatoriales. Nuestro compañero, hoy desaparecido, Quito Burgos
escribía en esa publicación. El Cordobazo, el 29 de mayo de 1969, se incorporó
a la historia de este pueblo para siempre. Durante una marcha que era
parte del paro activo convocado para aquel día por la CGT local, el trabajador
del Sindicato de Mecánicos Máximo Mena es asesinado; y eso enciende la
ira popular. En el relato de Agustín Tosco, el máximo líder de aquella gesta,
las cosas ocurrieron así: "La situación era que la policía venía matando
gente y no había defensa para ello. Entonces se decidió enfrentar a la
policía, de manera que no pudiera seguir matando gente impunemente"...
"los compañeros mecánicos tenían gomeras con tuercas, otros tenían
bombas de estruendo y alguno, alguna que otra arma". Superada la
policía, reprimió directamente el ejército; y aunque nunca se supo con
certeza, oficialmente se dijo que hubo 14 muertos, 200 heridos
y 2000 presos. Al día siguiente, mientras los dirigentes de Luz
y Fuerza estaban en una reunión, la Gendarmería Nacional entró al sindicato
a los tiros y los detuvo. Permanecieron varios meses en prisión; pero
la resistencia a la dictadura había tomado otra dimensión y similares
movilizaciones se expandieron por todo el país en los meses y años siguientes.
Para esa época la tortura era inevitable para cualquier detenido; y el crimen
contra opositores continuaba siendo una de las prácticas comunes implementada
por los personeros del régimen. En marzo de 1970, cuatro meses antes de
la fundación del ERP, al que yo pertenecía, la represión produjo
el primer acto de lo que sería la forma represiva más espantosa del genocidio.
Alejandro Baldú, detenido por la Policía Federal, pasó a ser desaparecido
para siempre. Todavía gobernaba Onganía; y la decisión sobre al aplicación
de la nefasta metodología había sido tomada por los altos
mandos de las FF.AA.. A él, a Baldú, lo antecedió, en 1962, Felipe Vallese,
aunque a diferencia de esta vez, el crimen de Felipe había sido igual
por lo repugnante, pero excepcional. A finales del '70, en diciembre,
desaparecieron el abogado de presos políticos Néstor Martins y su cliente
Nildo Centeno. Desde principios del '71 les siguieron el matrimonio Verd
y Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich. A Juan Pablo lo abandonaron muerto
en una calle; lo habían baleado y falleció cuando lo trasladaban. Mirta
no volvió a aparecer. En setiembre desapareció el primer miembro del PRT-ERP,
Luis Pujals; a finales del '71 los desaparecidos eran 17. El 22 de agosto de
1972, 11 militantes del PRT-ERP, 3 de las FAR y dos de Montoneros, fueron
fusilados en la base naval Almirante Zar de Trelew, mientras se encontraban
detenidos; se les aplicó la "Ley de Fuga" que, para quien no la conozca,
consiste en asesinar prisioneros con la falsa excusa de que pretendieron
escapar. La verdad completa sobre la forma en que se ejecutó aquel crimen, se
pudo recomponer gracias a que tres de las víctimas, Alberto Camps, Ricardo
Haidar y María Antonia Berger, sobrevivieron y relataron los pormenores de lo
ocurrido aquella madrugada. Los tres sobrevivientes fueron más adelante, ya
durante la dictadura última también ultimados. La masacre de Trelew se
convirtió en el segundo acto de "Terrorismo de Estado" en la modalidad
del asesinato de prisioneros, contando desde el golpe que en 1955 había
derrocado a Perón; el primero, ordenado por el General Aramburu, ocurrió
el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez. La diferencia
entre uno y otro es que mientras lo de José León Suárez fue una acción
aislada, Trelew dio inicio a una práctica constante que, producto de una
decisión política, no se detendría, como en el caso de las desapariciones,
durante los 11 años subsiguientes.
DEL 25 DE MAYO DE 1973 AL 24
DE MARZO DE 19765
El primer día de gobierno del presidente Cámpora, una gran movilización
sobre la cárcel de Villa Devoto arrancó a los presos políticos. Pero en ella
las balas policiales terminaron con la vida de dos manifestantes: Oscar
Lisak de 16 años y Carlos Sfeir de 17. El 20 de junio, 25 días después,
ante el retorno de Perón al país, en Ezeiza las AAA tirotearon y mataron
a un número indeterminado de personas que marchaban encolumnadas tras
las banderas de la resistencia. El 13 de julio renuncia el presidente Cámpora,
quien es sustituido por Raúl Lastiri, yerno de López Rega; fundador junto
al coronel Osinde y el Comisario Villar de las AAA. A cincuenta días de
iniciado, había terminado el único período en que se puede decir que existió
un verdadero intento democrático entre 1966 y 1983. Los grupos parapoliciales
actuaron, desde entonces, avalados desde el poder más encumbrado. El 15
de julio fue asesinado en Córdoba, después de su detención, Eduardo Jiménez
(militante del PRT-ERP). Y al mismo tiempo que se sucedían las ocupaciones
de fábricas y edificios públicos por parte de trabajadores que, esperanzados,
reclamaban reivindicaciones negadas durante la dictadura, aumentaba la
frecuencia de los atentados contra activistas políticos o sectoriales
identificados con el peronismo combativo o la izquierda. Los crímenes
de las Tres A -asesinatos, secuestros, atentados-, que durante agosto
y setiembre del '73 habían sido unos diez, fueron en aumento desde la
asunción de Perón en octubre del mismo año; para alcanzar un promedio superior
a los 30 mensuales, cuando falleció en julio del '74. Entre éstos, fueron
asesinados 17 activistas sindicales. Del '46 al '55 el gobierno de Perón había
contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y a
la organización del movimiento obrero. Después mantuvo una postura que
atacaba la proscripción y el autoritarismo; e incluso había apoyado, o
al menos se había negado a condenar, la resistencia armada que se desarrolló
contra la dictadura. Pero su postura cambió desde su regreso aquel 20
de junio de 1973. Luego de aprobar la matanza de ese día, continuó
aferrándose a las posturas y acciones de la derecha. El Comisario Villar,
uno de los creadores de las AAA, fue nombrado jefe de la Policía Federal durante
su mandato. Por otro lado, avaló los golpes de estado provinciales que
destituyeron a gobernadores democráticos o progresistas en Buenos Aires,
Córdoba, Salta, Santa Cruz y Formosa. Restituyó la legislación represiva que
había sido derogada por Cámpora meses antes; y obligó a la renuncia de 8
diputados de la J.P. que se oponían a ello. Cuando, desde el periódico "La
Calle", le pidieron que investigara el accionar de las Tres A, acusó a la
publicación de "apología de la violencia" y terminó clausurándola. En mayo del
'74, con Isabel en la presidencia, las AAA firmaron por primera vez un
atentado: el que costó la vida al padre Carlos Mujica. Le siguieron Silvio
Frondizi y su yerno; el diputado Rodolfo Ortega Peña, que el día anterior había
pedido un informe sobre la matanza de seis prisioneros y que acababa de
integrarse al PRT-ERP; Alfredo Curuchet defensor de presos políticos y abogado
de sindicatos; Tito Pierini, dirigente del SUPE; Atilio López, ex vicegobernador
de Córdoba derrocado por un golpe de derecha. Las mismas AAA volaron la casa
del entonces rector de la Facultad de Bioquímica y Farmacia Raúl Laguzzi, dando
muerte a su hijo de 5 meses de edad. Por el sólo hecho de ser parientes
de revolucionarios, asesinaron en Tucumán al padre de Clarisa Lea Place
y en Córdoba a la familia de Mariano Pujadas. Clarisa y Mariano habían
sido dos de los masacrados en Trelew en 1972. En 1975, entre muchos, desaparecieron
para siempre a Graciela del Valle Maorenzic, esposa de Antonio del
Carmen Fernández, asesinado en 1974 después de detenido; y María
de las Mercedes Gómez, embarazada de 7 meses, y esposa de uno de mis hoy
abogados defensores, Carlos Orzoacoa. El entonces capitán Seineldín
era quien oficiaba de coordinador entre el ejército y las huestes no militares
de las AAA. Y el Teniente 1ª Héctor Vergés, el mismo que hoy vemos profusamente
en los medios de comunicación masivos en el insólito papel de analista,
comandó, en Córdoba, junto al ex jefe de investigaciones Telledín uno
de los primeros comandos comunes. Este grupo fue el que en 1975 asesinó
a Marcos Osatinsky durante un "traslado" ordenado por el entonces juez
Zamboni Ledesma, quien autorizó alrededor de 20 operaciones del mismo
tipo y que culminaron con idénticas consecuencias. Zamboni Ledesma hacía,
hasta su fallecimiento, las veces de legalizador jurídico de los crímenes
realizados por las AAA y planificados en el campo de exterminio de La Perla
a instancias del "tercer cuerpo de ejército", comandado por el genocida
General Benjamín Menéndez, quien, como todo asesino de uniforme, hoy goza
de los beneficios de la libertad. El mismo "grupo de tareas" policial-militar
es el que masacró a la familia Pujadas en la misma provincia. En octubre
de 1974, las AAA, encabezadas por el célebre criminal García Rey, entonces
jefe de policía de Córdoba, entraron a balazos a la sede sindical de Luz
y Fuerza de esa ciudad, obligando a la clandestinidad de Agustín Tosco,
quien murió en noviembre de 1975 producto de una enfermedad que, de haber
estado en condiciones normales y haberse atendido a tiempo, quizás hubiese
superado. Los sindicatos opositores eran asaltados e intervenidos; y sus dirigentes
asesinados o desaparecidos como René Salamanca, Secretario General de
SMATA Córdoba. La represión, desde el inicio, estaba dirigida tanto contra
peronistas revolucionarios, como contra PRT-ERP u otras fuerzas de izquierda.
Es decir contra todo aquel que proyectara un cambio, por la vía que fuera
y desde la óptica política que sea. En el caso del PRT-ERP, no obstante
la clandestinidad, de ninguna manera dejamos de lado el trabajo político
y reivindicativo. Le dimos suma atención y en aquel tiempo fue cuando
mayor desarrollo alcanzamos. Y esto se revela en el FAS (Frente
Antiimperialista por el Socialismo) que en aquellas condiciones llegó a
nuclear alrededor de 25 mil dirigentes y activistas sectoriales (obreros,
estudiantes, profesionales, indígenas, etc.) de todo el país en su encuentro
realizado en Rosario en 1974; o en los eventos organizados por el MSB
(Movimiento Sindical de Bases) donde, por ejemplo, en Córdoba en abril del '74,
se reunieron 4500 delegados dirigentes de sindicatos, de comisiones internas
o agrupaciones, y activistas de fábricas y otros centros de trabajo.
Además, sacamos el diario "El Mundo", que llegó a distribuir 100 mil
ejemplares; y quincenalmente, desde imprentas clandestinas y enterradas,
publicábamos 20 mil periódicos "El Combatiente" del PRT y 30 mil "Estrella
Roja" del ERP. Es de suponer que no podríamos haber hecho todo eso desde
un aparato artificial. En aquellos años mucha gente buscaba cambiar
el sistema por uno más equitativo y veía en nosotros una opción
consecuente en esa dirección. Por otra parte, en 1975, para facilitar
la unidad contra el golpe militar que ya se avizoraba, propusimos a los
partidos políticos dejar de lado la lucha armada, pero salvo excepciones,
la mayoría ya comprometidos con los militares no aceptaron dicha unidad.
Entre 1973 y 1976 no se vivía una primavera democrática rota por el accionar
guerrillero. Desde el 25 de mayo y sobre todo desde la matanza de Ezeiza
- salvando la responsabilidad del gobierno de Cámpora- los sectores populares
debieron enfrentarse a una derecha cívico-policial-militar cuyas actividades
criminales nunca se detuvieron y siempre fueron en aumento. Las llamadas AAA,
por vía de 2500 crímenes de todo tipo, se encargaron de proseguir la política
"Terrorista de Estado" que había comenzado con Onganía y que mostró su
expresión más desarrollada durante los siete años de la dictadura instaurada
a partir del golpe encabezado por Videla.
DESDE EL 24 DE MARZO DE
1976 AL 10 DE DICIEMBRE DE 19835
Desde el 24 de marzo de 1976 se profundizó la entrega económica y la deuda
externa creció de 7 mil a 44 mil millones de dólares hasta 1983. El aumento
del endeudamiento externo no se tradujo en obras productivas o públicas,
sino que benefició a las grandes empresas y a los propios jefes militares;
quienes a través de una reforma a la "ley de inversiones extranjeras"
podían retirar utilidades o directamente engrosar sus cuentas en bancos
suizos o de otros países sin limitación alguna. Al mismo tiempo se tomaron
medidas como la eliminación de la ley de contrato de trabajo o el aumento
de los servicios públicos, agudizando los padecimientos de la gente.
En un año el salario real disminuyó en el 40%, la participación de los
trabajadores cayó a menos de un tercio del ingreso nacional y la desocupación
trepó al 9%, lo que en la época constituyó un récord histórico. Los sueldos
militares aumentaron al doble. Para poder implementar una política de esa naturaleza
se ejecutó una política contrainsurgente destinada a neutralizar la reacción
popular, generalizando a escalas increíbles cada una de las modalidades
del "Terrorismo de Estado"; y, como dije al principio, concretando
el más brutal de los genocidios que hayamos sufrido los argentinos en
toda la historia. A fin de financiar las tareas de inteligencia,
los gastos emergentes de los operativos para las detenciones de opositores;
y de garantizar la infraestructura necesaria para ejecutar en secreto a
gente encadenada, las FF.AA. aumentaron su presupuesto a 1800 millones de
dólares, que era el equivalente a la mitad del total de las exportaciones del
país. La complicidad de buena parte de políticos se expresa en que en 1978,
cuando los desaparecidos llegaban a 20 mil, más de 300 radicales, alrededor
de 200 justicialistas y varios de otros partidos sumaban unos 750 intendentes
que acompañaban a las FF.AA. en su cruzada de corrupción, entrega y muerte.
Los señores fiscales sacando las cosas de ese contexto histórico, han marcado
como uno de mis antecedentes negativos el haber participado de la lucha
guerrillera en los años '70; y han expresado con idéntico criterio el que yo
haya reivindicado en una entrevista a los militantes del PRT-ERP Mario
Roberto Santucho y Hugo Alfredo Irurzún; y a Carlos Fonseca y el Che.
Las dos cosas son ciertas. Participé en la lucha guerrillera en los años
'70; y reivindico a Mario Roberto Santucho, a Hugo Alfredo Irurzún, a
Carlos Fonseca y al Che. Mi dolor por la muerte de Robi, estoy seguro, fue incomparablemente
mayor al entusiasmo que su caída provocó a sus asesinos. Santiago fue
un internacionalista de cualidades humanas excepcionales. Y el desprecio
que muestran los señores fiscales por su figura se ve compensado con creces
por el registro imborrable en la mejor de las memorias, una memoria
que no podrá poseer jamás la mejor de las computadoras: la memoria
del pueblo de Nicaragua. Esta se encuentra patentizada en que una calle
en Managua y un centro de producción agropecuario llevan su nombre en
aquel país latinoamericano. Admiro y reivindico, por supuesto, también al Che
y Carlos Fonseca. Al Che, lamentablemente, no lo conocí personalmente.
Pero sí conozco la obra que contribuyó a construir: Cuba revolucionaria.
Y en Cuba aprendí algo que no me pudo enseñar este país: aprendí cómo
en un país pobre con un gobierno decente puede comer todo un pueblo, puede
contar con hospitales todo un pueblo, pueden ir a las escuelas todos los
niños de un pueblo, pueden vivir dignamente todos los habitantes de un
pueblo. A Carlos lo conocí en 1972 en momentos muy difíciles para
él. Eran apenas 7 y no 10, como dijo el fiscal, y además estaban asilados en
Cuba. Entre ellos estaba Daniel Ortega después presidente de Nicaragua. Me
llamó la atención, además de su humildad y su amplio dominio sobre la historia
y la idiosincrasia de los pueblos de Nicaragua y Centroamérica, el optimismo
que reflejaban sus palabras respecto a un triunfo futuro, que él descontaba.
Me llamó la atención y, en verdad, creí que su optimismo era, dada la
situación del momento, demasiado. Para peor, y para nuestro dolor, Somoza
logró asesinarlo a fines del '76. Recién empecé a comprenderlo cabalmente
en los días de la guerra contra el último de los dinástas; y terminé de
convencerme de su predicción cuando el 19 de julio de 1976 entramos victoriosos
a Managua. Debo aclarar, para que los señores del tribunal conozcan mejor
a este acusado, que de la misma manera reivindico a todos los que enfrentaron,
con armas o sin ellas, en Argentina y en América Latina, a los personeros
de la nefasta "Doctrina de Seguridad Nacional". A todos ellos les ofrezco
lo único que tengo: mi amor eterno; y mi compromiso de defenderlos hasta
la muerte, sean cuales sean las circunstancias en que me encuentre. Señores:
cuál fue el saldo de este proceso en nuestro país? Aquí hubo 30 mil desaparecidos.
Los 30 mil eran mis compañeros y quienes los desaparecieron fueron las
FF.AA. Aquí hubo al menos 500 niños nacidos en cautiverios clandestinos. Los
niños fueron robados por militares o miembros de las fuerzas de seguridad;
y sus madres asesinadas por los mismos ladrones, después de parirlos.
Los niños son los hijos de mis compañeros. Las madres asesinadas eran
mis compañeras. Aquí hubo gente viva arrojada al mar o al río desde aviones
militares. Los arrojados al mar o al río eran mis compañeros. Los que
los tiraron eran miembros de las FF.AA. Aquí hubo familias enteras
asesinadas por ser parientes de militantes revolucionarios. Las familias
eran las familias de mis compañeros. Sus asesinos eran los miembros de
las FF.AA. y de seguridad. Aquí hubo prisioneros asesinados en "traslados",
ordenados por jueces, desde las cárceles donde se encontraban legalmente
detenidos. Los prisioneros asesinados eran mis compañeros. Los asesinos
eran las FF.AA. y de seguridad; y los jueces que ordenaron sus traslados
eran sus cómplices. Aquí hubo hombres y mujeres detenidos y después asesinados
en combates fraguados. Los asesinados eran mis compañeros. Los asesinos
eran miembros de las FF.AA. y de seguridad. Aquí hubo entierros clandestinos
de hombres, mujeres y hasta niños. Los sepultados eran mis compañeros
y sus hijos; y los enterradores integrantes de las FF.AA. y de seguridad.
Aquí se volaron cuerpos de militantes asesinados. Los cadáveres destruidos
eran de mis compañeros; y los explosivistas eran militares y policías. Aquí
hubo centros clandestinos para detención y tortura. Los detenidos torturados
eran mis compañeros; los torturadores los miembros de las FF.AA. y de
seguridad. Señores del Tribunal: como consecuencia de los hechos que acabo
de sintetizar nuestro país, Argentina, es el único del mundo en el que
han debido organizarse tres generaciones directamente afectadas por la
bestialidad militar: los hijos de desaparecidos por razones políticas,
las madres de desaparecidos por razones políticas y las abuelas de los
niños robados por razones... incalificables. Es una hipocresía ilimitada
equiparar, como hacen algunos, las acciones de la resistencia con las
aberraciones militares. Y es una complicidad descarada con los asesinos,
la reducción de la historia a la mentirosa versión de que acá existió
una guerrilla porque sí, como hacen los fiscales. Dos demonios?: son iguales
Rodolfo Walsh y Massera?, son iguales Haroldo Conti y Videla?, son
iguales Cacho Perrota y Astiz?. No. Frente a la vida y la justicia hubo
dos actitudes: la de los justos y la de las bestias. De Rodolfo es conocida
su militancia en Montoneros; aclaro que Haroldo Conti y Cacho Perrota
eran militantes del PRT-ERP. Pero en todas las organizaciones de la
resistencia encontraremos idénticos ejemplos. Sobre esta etapa, a partir de
que acá hubo un enfrentamiento armado o guerra o cómo gusten llamar, existen
dos temas en discusión: el primero es de quién es la responsabilidad de
lo sucedido; el segundo es quién utilizó métodos aberrantes. En el primer
aspecto no lo he demostrado yo, sino la realidad histórica, que recién
después del golpe de Onganía surgieron las organizaciones armadas populares
que actuaron en los '60 y '70; en cuanto al segundo aspecto los resultados
con contundentes: por qué las FF.AA. insisten en no hablar de hechos concretos?
por qué cuando alguien lo hace, como Schilingo, lo meten preso por una
acusación tan falsa como ridícula como es un cheque sin fondos y no por
sus crímenes? por qué ningún juez local, se dedicó a investigar
denuncias por flagrantes violaciones a los Derechos Humanos y tienen que
hacerlo las justicias de España, Francia, Suecia o Italia?
fuente : http://www.lahaine.f2s.com/Historia/merlo.htm